NOTA DE PRENSA AYUNTAMIENTO ARTIEDA RECURSO CASACION TRIBUNAL SUPREMO

NOTA DE PRENSA

Artieda, 25 de abril de 2007.

Por medio de esta Nota de Prensa, el AYUNTAMIENTO DE ARTIEDA quiere informar a la opinión pública que el pasado lunes día 23 de abril de 2007 le fue notificada Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2007 (de cuyo contenido y fallo el Ayuntamiento se enteró, a pesar de ser parte en el proceso judicial resuelto, por su inaceptable filtración a determinado medio de comunicación), por la que se desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra la Sentencia de 16 de mayo de 2006 de la Audiencia Provincial de Madrid, absolutoria de diversos ex altos cargos y ex funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, que habían sido acusados por el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal de diversos delitos de prevaricación, contra el patrimonio histórico artístico, de riesgo catastrófico y contra los recursos naturales y el medio ambiente, como consecuencia de su intervención personal en la tramitación administrativa, autorización y aprobación del Proyecto de Recrecimiento de la Presa de Yesa, entre los meses de diciembre de 1998 y junio de 1999.

La interesada filtración de la Sentencia ha traído como consecuencia una desvirtuación periodística de la realidad y de la verdad de las cosas.

Efectivamente, el Tribunal Supremo enmienda la plana a la Audiencia Provincial de Madrid, dando aquí la razón al Ayuntamiento, en cuanto que entiende con claridad que una Declaración de Impacto Ambiental es un acto o decisión resolutorio de entidad suficiente y bastante para poder integrar el delito de prevaricación. No obstante la cual desestima el recurso de casación del Ayuntamiento de Artieda partiendo de los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial de Madrid, al entender el tribunal Supremo que no puede modificarlos.

Como se recordará, la Audiencia Provincial de Madrid decidió en su día absolver a todos los acusados por el Ayuntamiento al entender, singularmente, que una Declaración de Impacto Ambiental era un acto de trámite dentro del procedimiento autorizatorio del Proyecto de Recrecimiento de la Presa de Yesa, y que por tener tal naturaleza (la de acto de trámite no resolutorio) no podía en ningún caso integrar un delito de prevaricación.

Ahora, con la Sentencia notificada el lunes al Ayuntamiento, el Tribunal Supremo entiende lo contrario, pero mantiene la decisión absolutoria por no modificar los hechos declarados probados por la Audiencia madrileña.

Todo un ejemplo, pues, de “justicia material efectiva”, y ello en la medida que:
1º/ Entiende el Tribunal Supremo que la Audiencia Provincial de Madrid no estimó probados los riesgos geológicos consistentes en el riesgo de deslizamiento de laderas, sin embargo la prueba más evidente e irrefutable de la realidad, verdad y certeza de tales riesgos denunciados desde hace años por el Ayuntamiento de Artieda se produjo en agosto pasado cuando 3,5 millones de metros cúbicos de tierras y rocas se deslizaron hacia el interior del embalse.

Como es público y notorio, tal deslizamiento es real, la Confederación lo ocultó, y ha sido conocido públicamente a partir de febrero de 2007 cuando un medio de comunicación desveló la existencia y contenido de un Informe técnico realizado con suma urgencia para la propia Confederación, en agosto pasado, sobre tal deslizamiento.

Actualmente, es público también, el ministerio de Medio Ambiente acaba de encargar (el pasado día 18 de marzo) un nuevo informe geológico-geotécnico sobre la dimensión y alcance del deslizamiento ya producido, y del riesgo real de que se reproduzca éste o cualquier otro deslizamiento. Baste recordar que la superficie con mayor riesgo de deslizamiento cubica entorno a los 12 Hm3.

A pesar de ser ello así, y haberse ya comprobado que el deslizamiento o los deslizamientos de la ladera izquierda del embalse ya no son sólo un riesgo sino que son reales en cuanto que ya han ocurrido (por lo que pasamos del puro riesgo a la realidad empírica), y la Audiencia madrileña no entendió acreditado el riesgo, y el Tribunal Supremo respeta tal apreciación. Buen ejemplo pues, aunque en este caso extremadamente grave, por no decir kafkiano, del sentir de amplios sectores sociales en el sentido de que a veces la justicia discurre por caminos distintos a la realidad y a la verdad de las cosas.

2º/ Entiende también el Tribunal supremo que la inundación de 27 km. Del Camino de Santiago (con sus bienes y elementos inmuebles asociados) no integra un delito contra el patrimonio histórico, en cuanto la aprobación del Proyecto de Recrecimiento y su autorización ambiental con la Declaración de Impacto Ambiental establecieron medidas correctoras.

Ante lo insólito de la apreciación y decisión, cabe aquí preguntarse cuál habría sido la decisión judicial si se tartara de enjuiciar a cualquier iluminado al que se lehubiera ocurrido dilapidar cualquier bien de interés cultural, protegido o no.

Quienes se han felicitado por esta Sentencia del Tribunal Supremo, deberán ser conscientes de que la verdad y la realidad de las cosas es la que es, o son las que son. Y ninguna Sentencia Judicial, sea cual sea su contenido, sentido y fallo, la/s va a cambiar.

Debe recordar el Ayuntamiento de Artieda que, abiertamente en contra de lo publicado estos días por algún medio de comunicación, esta Sentencia del Tribunal Supremo ni cierra, ni puede hacerlo, el “caso Yesa”. Lo único que se ha cerrado de momento (por la Confederación Hidrográfica del Ebro) son las grietas de la ladera izquierda del embalse.
De la misma manera que la ilegalidad de una determinada decisión o proyecto es distinta o no se identifica con la comisión por aquella decisión o proyecto de cualquier delito (así lo señala de hecho el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de abril de 2007), la verdad y la realidad de las cosas, que son ciertamente tozudas, no se identifican necesariamente, y Yesa es un ejemplo de ello, con la “realidad” que pretenden reflejar determinadas decisiones judiciales.

Por último, el Ayuntamiento de Artieda reitera públicamente su compromiso (y su derecho, aunque determinados estamentos políticos aragoneses se hayan atrevido incluso a cuestionarlo) de luchar con todos los medios a su alcance frente al Proyecto de Recrecimiento. Aunque resulte increíble, tales estamentos deben desconocer que sobre el Ayuntamiento de Artieda, como sobre cualquier otra Administración, pesa el deber legalmente establecido de defender sus bienes y derechos y la integridad de su término municipal.

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Ayuntamiento de ARTIEDA (Zaragoza)
Calle Mayor, 17 – C.P 50683

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